Nueva planificación de recortes en la atención sociosanitaria: camino a la “desinstitucionalización”

¿Qué (narices) es la “desinstitucionalización”?

La primera pregunta que nos surge al leer el título de este artículo es: "¿qué narices es la desinstitucionalización?". Pues bien, es un eufemismo impronunciable creado para referirse a la nueva planificación de recortes en la atención sociosanitaria que contempla la Estrategia Nacional de Desinstyloquesigue, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sin embargo, no nos dejemos engañar. Estos recortes no se justifican por razones presupuestarias; todo se presenta con una preocupación genuina por los derechos humanos de las personas atendidas, contraponiendo el modelo de asistencia actual con el llamado (por ellos) “modelo comunitario, de base comunitaria y/o familiar (en el caso de la infancia)”. Este modelo, si lo desglosamos, parece insinuar la privatización parcial de la atención, ligada a una menor asignación de recursos públicos.

En el Estudio EDI (Estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios), financiado por el Gobierno dentro del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se concatenan las siguientes ideas:

• Que existen unas supuestas “instituciones segregadas” (curiosamente ubicadas en ciudades y grandes poblaciones) donde residen “grupos en situación de vulnerabilidad” (reconociendo explícitamente que se trata de colectivos vulnerables).

• Que “diversos” y “algunos” estudios han comparado el modelo de asistencia actual con el propuesto (implantado en otros países europeos, cómo no), apuntando a las “evidentes ventajas en términos de calidad Y COSTES” de este último.

• Que la “segregación” y el “aislamiento de la comunidad”, la pérdida de autonomía en la toma de decisiones y la imposición de formas de vida determinadas son “problemas que no pueden solucionarse con un aumento de gastos”.

A partir de estas conclusiones, se justifica el recorte de gastos, que no resuelve ninguno de los problemas identificados, enviando a las personas a su casa con “apoyos personalizados”. Claro, “apoyos personalizados” que, en realidad, son los mínimos posibles.

En resumen:

• Se apela a los derechos humanos y a la inclusión para justificar el cambio de modelo, que, para sorpresa de nadie, resulta más barato.

• Se demoniza el modelo institucional, tildándolo de “segregador”, sin reconocer que muchas de estas instituciones son la única opción garante de una atención digna.

• Se oculta que la alternativa comunitaria o familiar genera exclusión, especialmente para quienes no tienen una red de apoyo familiar o comunitaria sólida.

Y, por supuesto, no puede faltar la referencia a la Unión Europea, que, según los informes, se ha decantado por la “implantación plena de la asistencia y el apoyo comunitarios en todo el territorio europeo”, desarrollando diversas iniciativas orientadas a favorecer este cambio de modelo de atención.

¿A qué grupos poblacionales afecta?

La “desinstitucionalización” afecta a los colectivos más vulnerables: personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo (tal como lo establece la legislación española), personas mayores y personas sin hogar (del inglés, homeless).

La “desinstitucionalización” como punta visible de un iceberg problemático

La “desinstitucionalización” no es un fenómeno aislado, ni mucho menos casual. Se inserta dentro de un europeísmo idealista que promueve la idea de un progreso lineal y constante, fundamentado en bellas abstracciones universales, pero que olvida las contradicciones que surgen al intentar implementar esas ideas en la realidad. En el ámbito de la atención a la dependencia, la tendencia es clara: la desprotección sistemática de las personas vulnerables, a quienes se les describe suavemente, pero no tanto, como “personas en situación de vulnerabilidad”. Todo esto se justifica en nombre de la “autonomía personal”. ¿No es hermoso?

Para comprender de qué estamos hablando, debemos centrar nuestra atención en un ámbito donde estas tensiones se han hecho especialmente evidentes: el de la discapacidad. El principio del interés superior de las personas con discapacidad, al igual que el de los menores, es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, buscando su máxima protección y bienestar. Este principio existe porque, seamos honestos, las personas con discapacidad históricamente han necesitado protección. La situación actual no es muy distinta. Sin embargo, el interés superior de estas personas está sometido a una revisión preocupante. Las voces del modernismo legal sugieren que este principio podría entrar en conflicto con la tan sacrosanta autonomía personal, que, según Europa, debe prevalecer sobre todo lo demás.

Reformas en el modelo de atención a la discapacidad

Esto ha quedado reflejado en las reformas recientes del modelo de atención a la discapacidad en España. La Ley 8/2021, de 2 de junio, adapta la legislación española a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por España en 2008. El cambio más significativo es el abandono del modelo de sustitución en la toma de decisiones, reemplazado por un modelo de apoyos para la toma de decisiones. Esto implica la eliminación de la incapacitación judicial y la supresión de la tutela y curatela, quedando la curatela de apoyo, principalmente.

Sin embargo, la CDPD va más allá, y es crucial tenerlo en cuenta, ya que guiará futuros cambios normativos. Entre las propuestas más destacadas está la eliminación de las medidas de ingreso involuntario, algo fundamental en situaciones extremas como intentos de suicidio o crisis graves de salud mental. Este punto pone de manifiesto una contradicción central de este enfoque: el reconocimiento absoluto de la autonomía personal, sin considerar las consecuencias de una implementación rígida que no tiene en cuenta la vulnerabilidad.

El dilema de la autonomía personal

Por un lado, se celebra la noble idea de que las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su vida, a participar activamente en la sociedad y a disfrutar de sus derechos. Sin embargo, se omite que, en muchas situaciones, las personas más vulnerables no tienen la capacidad de decidir por sí mismas. No porque no deseen autonomía, sino porque la dependencia y el sufrimiento psíquico les colocan en una situación donde la intervención temprana y la protección inmediata son absolutamente necesarias para su bienestar.

La Ley 8/2021 coloca a las personas con discapacidad frente a un dilema peligroso: por un lado, se les reconoce su derecho a la autonomía, pero por otro, se les abandona en un sistema de “apoyos” que se convierten en una mera fachada para encubrir recortes presupuestarios.

Conclusión: desprotección bajo el disfraz de autonomía

El argumento subyacente que defiende esta “modernización” legal es que la autonomía personal es tan sublime que justifica cualquier sacrificio, incluso la pérdida de recursos para garantizar una atención adecuada. Pero ¿quiénes son los que realmente sufren las consecuencias de este cambio de paradigma? Las personas más vulnerables, aquellas que carecen de redes de apoyo sólidas y se ven abocadas a la desprotección cuando las instituciones tradicionales desaparecen o se ven reducidas a mínimos insuficientes.

La promesa de un modelo basado en la “comunidad” y la familia, tan aclamado por los defensores de la desinstitucionalización, suena muy bien en teoría, pero en la práctica es completamente ilusoria. Las familias muchas veces no tienen los recursos ni la capacidad para proporcionar el apoyo necesario a sus seres queridos, y el sistema público de atención se desvanece poco a poco.

En última instancia, la desinstitucionalización se presenta como un espejismo: una estrategia que, en nombre de un modelo más humano, inclusivo y respetuoso con la autonomía, busca desmantelar el sistema de protección social y transferir la responsabilidad a los individuos y sus familias. Lo que se oculta detrás de esta narrativa es un proceso que promueve el desamparo, la exclusión y la marginación de los más vulnerables, disfrazado de progreso.